A mediados de julio acabé el contrato de sustitución de conserje en un colegio público de Barcelona, pero hasta el 10 de agosto no pude rellenar el formulario de preinscripción para cobrar el subsidio por desempleo; no por el covid-19, sino porque tenían que transcurrir los veinticinco días que me tocaban de vacaciones. En total, estuve un mes y medio en paro, hasta que el uno de septiembre empecé a trabajar de nuevo en otra escuela.
A día de hoy, aún no he cobrado el subsidio de esos 45 días que me corresponden, y, como yo, muchísimos trabajadores que se han ido quedando en paro durante estos meses desde que estalló la pandemia del coronavirus. Contactar con el SEPE por teléfono –o por cualquier otro medio- es harto difícil, pero una amiga lo ha logrado y le dijeron hace poco que iban por las prestaciones del quince de julio.
Como he dicho, yo ya he empezado a trabajar, y en algún mes o año venidero supongo que me pagarán la deuda –quizás sea mucho suponer-, pero sin intereses, claro, no como el Estado que, a la mínima, los cobra, además de la multa correspondiente si te pasas un pelo en los plazos.
Pero esto lo escribo, sobre todo, por los parados que no han vuelto a encontrar empleo desde entonces y que siguen sin cobrar un duro. ¿Ha pensado en ellos el gobierno? ¿Ha valorado que hay personas y familias que lo pasan mal porque al ejecutivo no le da la gana de ampliar plantillas?
